HOSPITAL LOAYZA: MÁS DE 200 MUJERES SUFREN MENSUALMENTE ABORTOS INCOMPLETOS
El área de ginecología del servicio de atención de emergencias del Hospital Arzobispo Loayza recibe diariamente entre 8 a 10 pacientes que sufren hemorragias uterinas.
El aborto incompleto deviene mayormente por la práctica del aborto clandestino. En el Perú, 5 de cada 100 gestantes optan por interrumpir su embarazo mediante este método, según el estudio “El Aborto Clandestino en el Perú” de Delicia Ferrando. Se calcula que anualmente 350 mil abortos son efectuados ilegalmente.
Los síntomas que evidencian un aborto incompleto son la hemorragia prolongada, el dolor en el vientre y la fiebre.
Pese a que en el país está penado el aborto por parte de mujeres que tienen menos de 22 semanas de gestación, el área de ginecología de emergencias del Hospital Arzobispo Loayza recibe diariamente entre 8 a 10 pacientes que presentan síntomas de un aborto incompleto.
Esta realidad revela que muchas madres optan por abortar ilegalmente, exponiendo sus vidas en falsos centros médicos donde atienden supuestos profesionales que lucran con la situación que viven las mujeres.
“Este tipo de aborto se evidencia por la hemorragia uterina, la cual puede ser ocasionada por problemas hereditarios o embarazos ectópicos. A emergencias siempre llegan gestantes de menos de 20 semanas”, reveló una fuente cercana que labora en dicha área.
Para la Organización Mundial de la Salud, el shock hipovolémico y las infecciones son las principales causas de complicación del aborto incompleto. Estas generan entre un 20% y 60% de riesgo de muerte de mujeres en algunos países.
ABORTO TERAPÉUTICO
El aborto terapéutico en el Perú, solo debe ser realizado en caso de que la vida de la madre esté en riesgo. Hace 60 años este tipo de tratamiento fue despenalizado. Sin embargo, el aborto hoy por hoy es la primera causa de muerte materna.
En caso de que el médico ginecólogo se niegue a practicar el aborto terapéutico a una mujer que tenga más de 22 semanas de embarazo y que corra un inminente peligro de muerte significaría que está violando el derecho a la vida y la salud de las mujeres.
Ante esto, los familiares de la mujer podrían denunciarlo penalmente ya que el Código Penal indica que todo funcionario público que omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo puede ser sancionado con pena privativa de libertad no mayor de 2 años.
El aspiraje al vacío, raspaje o legrado son los tratamientos que una mujer debe recibir ante un aborto incompleto.
ACCIONES
En el 2014, el Ministerio de Salud aprobó un documento que ordena cómo deben tratar los médicos ginecólogos a las pacientes que soliciten un aborto terapéutico.
A través de la Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante, el Estado garantiza el buen trato a las mujeres que demanden de esta práctica.
DENUNCIAS
Sin embargo, después de la publicación de esta guía, mujeres han denunciado la omisión o negatividad de los médicos a los que les solicitaron la ejecución de un aborto terapéutico.
Uno de estos casos aconteció en el 2014 en la Clínica El Golf, establecimiento que fue multado el pasado 6 de junio con 20 UIT (S/. 81 000) por Indecopi.
La víctima llamada Sandra, denunció que la Clínica El Golf no tramitó debidamente la solicitud de aborto terapéutico que presentó. Así, el centro médico infringió los artículos 18, 19 y 67 del Código de Protección y Defensa del Consumidor vinculados a la idoneidad del servicio y a la protección de la salud.
CASOS DE VIOLACIÓN
En agosto de este, se conoció el caso de una menor de edad quien acusó a su tío de 68 años de haberla violado meses atrás. Ante esto, ella y su madre acudieron a un hospital, donde los médicos les informaron que la niña tenía seis meses de gestación.
El médico de su localidad, Edmundo Zambrano, declaró que este caso “es un embarazo de alto riesgo”, es decir, los órganos de la menor no estaban preparados para alojar a un bebé.
En este caso, los médicos autorizaron la práctica de un aborto terapéutico para la menor, pese a que esto podría resultar aún más peligroso por el estado avanzado del embarazo y la edad de la niña.
Entre el 2011 y el 2016, el Ministerio de Salud registró alrededor de 11 mil niñas madres entre nueve a 12 años, las cuales tuvieron una alta probabilidad de muerte debido a que aún no se han ampliado las causas por casos de violación.
La iniciativa legal impulsada por colectivos sociales feministas para solucionar esta problemática que afecta a las menores de edad se ha visto truncada por posiciones religiosas y conservadoras.